1- Justícia i Pau de Catalunya expresa su extrema preocupación por los procesos judiciales, encarcelamientos y órdenes de detención que afectan en estos momentos a decenas de dirigentes políticos catalanes y la situación política que esto produce en nuestro país. Como ya han expresado algunos de nuestros obispos, estos hechos provocan una gran tensión y malestar en nuestra sociedad y dificultan una convivencia fraternal.

2- Estas decisiones judiciales constituyen una gravísima violación de derechos fundamentales, generadora de un daño terrible a los afectados y sus familias. Así se han expresado numerosos organismos y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Federación Internacional de Cristianos contra la Tortura, Síndic de Greuges de Catalunya …) y juristas de reconocido prestigio.

3- Las conductas por las que son acusadas estas personas, aunque fueran consideradas ilícitas de acuerdo con la ley española, en una democracia no pueden en ningún caso ser consideradas delictivas. Menos aún pueden ser motivo de encarcelamiento sin juicio. Se trata de conductas que fueron desarrolladas bajo el impulso de la mayoría absoluta de un Parlament democrático de acuerdo con los programas electorales presentados y con el apoyo de una proporción muy notable de la población. Se pueden combatir políticamente, incluso legalmente, pero nunca con el encarcelamiento.

4- Por otra parte, estos encarcelamientos, al afectar cargos electos y candidatos a presidir la Generalitat, bloquean judicialmente su posible investidura y constituyen también una vulneración muy grave del derecho a la participación política de los afectados y de sus electores. A la vez, son una intromisión ilegítima en el funcionamiento del Parlament y las instituciones de autogobierno de Catalunya.

5- Asimismo, resulta evidente que los hechos objeto del proceso penal no se pueden calificar de ninguna manera como de violentos. Tanto los dirigentes políticos procesados como las entidades y ciudadanos que se han movilizado en favor del denominado “procés”, han sido muy cuidadosas siempre en manifestar la voluntad y en mantener su carácter pacífico y no-violento.

6- Constatamos con sorpresa una interpretación manifiestamente sesgada y autoritaria del derecho penal, que atenta frontalmente contra el Estado de derecho. Se trata de un verdadero abuso de poder con fines políticos, inaceptable en una democracia, con una crueldad inaudita y un desprecio institucional a la dignidad de las personas que creíamos ya felizmente superados en España.

7- La falta de canalización y consideración de unas demandas sociales persistentemente reiteradas durante años, la estrategia de judicialización, la percepción de unos encarcelamientos arbitrarios, la respuesta sensiblemente autoritaria del Estado y el mantenimiento de un estado de angustia e impotencia creciente en buena parte de la población pueden conllevar una escalada de tensión que perjudica a todos y dificulta la resolución del conflicto.

8- Por ello, hacemos un llamamiento a las instituciones políticas del Estado español y en las instancias europeas e internacionales de protección de los derechos humanos a corregir de manera urgente esta situación de todo punto intolerable. La opinión pública española debería sentirse seriamente interpelada.

9- Finalmente, reiteramos una vez más, y lo haremos tantas veces como sea necesario, unidos a lo que han expresado los obispos de Catalunya y muchos otros grupos y colectivos, que nos encontramos ante un conflicto de naturaleza política que no se resolverá con la aplicación coactiva de la ley ni la represión penal, que sólo lo agravan. Sólo se podrá resolver a través de un proceso de diálogo y negociación sin condiciones previas, que lleve a una solución política justa y democrática, aceptable para todos. Pedimos a todos los dirigentes políticos de Catalunya y España que introduzcan las medidas de confianza que lo hagan posible y que se esfuercen en iniciar el diálogo necesario, que ya no se puede posponer más.

Barcelona, 26 de marzo de 2018