1. Creemos que como cristianos no podemos permanecer ajenos a todo aquello que afecta a los derechos y a las libertades de nuestro pueblo, más allá de las legítimas opciones políticas concretas de cada uno. Como ha repetido el papa Francisco a los movimientos eclesiales: “No tengáis miedo de meteros en las grandes discusiones, en la Política con mayúscula” (Discurso, Papa Francisco, 30 de abril de 2015).

2. Consideramos que la intervención anunciada sobre el autogobierno de Cataluña es un grave atentado a los principios democráticos y una violación del derecho al autogobierno del pueblo de Cataluña y de sus instituciones. Las instituciones catalanas son anteriores y no derivan de la Constitución española de 1978. El mismo pacto constitucional reconoce el respeto al derecho al autogobierno. 

 

3. Creemos que la destitución del Gobierno, la intervención sobre la Generalitat y la limitación legislativa del Parlamento de Cataluña suponen prácticamente una suspensión del autogobierno y atentan contra derechos democráticos esenciales del pueblo de Cataluña. Nuestros obispos se referían a los mismos cuando, en 1985, afirmaron que las instituciones catalanas recuperadas daban respuesta a “una realidad nacional configurada a lo largo de mil años de historia” y que “el reconocimiento de una cultura específica catalana expresada, especialmente, en la lengua, se une al reconocimiento de la propia nacionalidad y al del derecho al autogobierno” (Obispos de Cataluña, Raíces Cristianas de Cataluña, 1985).

4. Expresamos nuestra profunda decepción porque las reiteradas llamadas al diálogo no hayan dado ningún fruto. Durante los últimos años desde el Gobierno español se han ignorado “las legítimas aspiraciones del pueblo catalán” (Nota, Conferencia Episcopal Tarraconense, 12 de mayo de 2017). Lamentamos que no haya sido posible “avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz”. (Nota, Conferencia Episcopal Tarraconense, 20 de septiembre de 2017).

5. Creemos que la falta de una respuesta política a las demandas mayoritarias de la sociedad catalana es lo que ha conducido a la grave situación que vive el país, provocando situaciones de extrema tensión, y a una preocupante incomprensión entre los diversos pueblos del Estado español. Como afirmaron los abades y las abadesas de Cataluña “el movimiento político y social catalán ha sido siempre inmensa y mayoritariamente pacífico y querer detenerlo con la violencia no es nunca justificable ni proporcionado, ni tampoco elimina ni soluciona, sino que agrava, el problema existente” (Comunicado, Abades y Abadesas de Cataluña, 3 de octubre de 2017). La intervención sobre el autogobierno es un paso más que dificulta el encontrar una salida, pone en riesgo la convivencia y el consenso social y tiene unas consecuencias incalculables.

6. Denunciamos que se ha bloqueado cualquier salida al conflicto que no signifique humillar al otro. Para evitarlo hace falta iniciar urgentemente una negociación política que permita buscar y acordar una solución duradera a este conflicto que sea justa, democrática, fraternal y respetuosa de los derechos nacionales de Cataluña “a fin de alcanzar soluciones justas y estables, que fomenten la solidaridad y la fraternidad” (Conferencia Episcopal Tarraconense, Al servicio de nuestro pueblo, 2011).

7. Pedimos que se detengan las respuestas judiciales y las medidas penales que están sufriendo los representantes de algunas de las principales entidades sociales del país. Entidades como Amnistía Internacional han considerado que “la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su cárcel provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica” y han solicitado a las autoridades “que pongan fin inmediatamente a su cárcel provisional” (Comunicado, Amnistía Internacional en España, 18 de octubre de 2017). Cualquier otra acción penal en la misma dirección sobre representantes sociales o políticos agravaría aún más  la situación.

8. Por todo ello, nos comprometemos a defender las instituciones catalanas y el autogobierno. Representan los anhelos y las aspiraciones legítimas de la mayoría de los catalanes, de cuyo pueblo también nos sentimos parte como cristianos.  Como entidades cristianas también nos comprometemos a defender los derechos de nuestro pueblo desde las actitudes evangélicas del respeto, la comprensión del otro, la paz y el no juzgar ni condenar a las personas. La discrepancia política no puede afrontarse desde el encono o con sentimientos de venganza. La oración y presentar a Dios nuestras preocupaciones y actitudes también nos ayudará a encontrar todo aquello que nos une como comunidad cristiana y a promover la concordia entre nosotros y las soluciones justas que reclaman los graves retos planteados.

From Catalunya Religio 24/10/2017